FRENTE A CASA PRESIDENCIAL Y ASAMBLEA LEGISLATIVA

Y NO SE APRUEBA LA LEY DE AUTONOMÍA

10 DE NOVIEMBRE  MOVILIZACION INDIGENA

El primer Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo, se presentó en 1.994, Expediente Nº 12.032, como iniciativa de los nuestros Pueblos Indígenas, para aplicar los derechos consagrados en el Convenio Internacional Nº 169 de la OIT; que a falta de una ley, es incierta su aplicación. Este Proyecto (#12.352) fue consultado a los pueblos indígenas, dictaminado  sin vicios de constitucionalidad, por la  Sala Constitucional, aprobado en primer debate por los /as diputados /as de la Asamblea Legislativaen el año 2000. Lo devolvieron a Comisión de Sociales, fue Olvidado y Archivado.

En el año 2001, luego de muchas acciones y movilizaciones indígenas, apoyadas por organizaciones de Derechos Humanos y Paz, logramos presentar nuevamente el Proyecto de Ley de Autonomía Indígena, con nuevo número de Expediente: el # 14.352.

En el año 2003, fundamos el Foro Nacional que luego se convirtió (2004) en el  FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS – FRENAPI -  organización de hecho-, integrada por miembros de los Pueblos Indígenas  del país, así como por organizaciones sociales no indígenas y no gubernamentales amigas, solidarias con los pueblos indígenas, que apoyan la lucha por los derechos humanos de nuestros pueblos; en especial por la aprobación del Proyecto de ley Nº 14.352  Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica. Nuestra principal meta es la autonomía de los pueblos indígenas, lo que impulsaremos con o sin proyecto aprobado.

Hemos desarrollado Acciones Directas como: Foros Legislativos Nacionales y Regionales – Talleres en las Comunidades – Marchas – Visitas a la Asamblea Legislativa, Escuelas y Colegios, Universidades, Defensoría de los Habitantes, Magistrados, Ministros y Presidente de la República, reuniones con Obispos de Iglesias y con líderes sociales y funcionarios públicos de las regiones, Asistencia en Audiencias de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos ( CIDH-OEA) y otras instancias como la OITy el PNUD – etc.

De toda esta lucha logramos que el Proyecto de Ley avanzara en la Comisiónde Asuntos Sociales. En el año 2007, se cumplió con el requisito de realizarse la Consulta NacionalIndígena, en los 24 Territorios, sobre el Proyecto de Ley # 14.352, por parte de la Asamblea Legislativa, y, de una vez se nombraron dos Delegados Indígenas (Titular y Suplente) de cada territorio, -excepto en dos-, que conforman la Asamblea Nacionalde Delegados Indígenas, ANDI , que es la instancia elegida y legitimada por las Comunidades, y además es la única instancia, legalmente nombrada de conformidad con el Convenio 169 de la OIT, y,  reconocida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por la misma Asamblea Legislativa y la Defensoríade los /as Habitantes.

Después de cuatro Administraciones (Figueres, Rodríguez, Pacheco y Arias, que ya termina); con la movilización y lucha de los propios indígenas y la solidaridad de muchos /as costarricenses, el Proyecto de Ley ha logrado llegar a la Listade Primer Debate; pero NO avanza, tiene oposición, especialmente de quiénes ven amenazados sus intereses personales, económicos y / ó de inversiones ( por ejemplo: tierra, recursos naturales, turismo, comercio, etc. ) dentro de los territorios indígenas; pues el Proyecto de Ley, de aprobarse, establece que los territorios indígenas son para los Indígenas y que cualquier Proyecto ó Programa que se quiera desarrollar dentro de cada uno de esos territorios, debe respetar el Derecho de Consulta en cada Territorio, así como respetar las Autoridades y Reglamentos del Derecho Propio Indígena – que ahora no se respetan  por falta de la Leyque aplique el Convenio # 169 de la OIT. Estose agrava aún más con la puesta en vigencia del TLC (EU – CARD) que permitirá “libre apropiación e inversiones”, en contra de los intereses y derechos de nuestros Pueblos, como por ejemplo las Represas Hidroeléctricas y la Mineras. Poreso urge la aprobación de la Leyde Desarrollo Autónomo.

La mayor oposición la hemos tenido de la EstatalComisiónde Asuntos Indígenas, CONAI- en conjunto con los terratenientes no indígenas que viven ilegalmente en los territorios indígenas. Es el último año de la administración Arias, ya casi por cumplir 15 años que el Proyecto de Ley se encuentra en corriente legislativa y sin voluntad política para aprobarlo.

EL 04 DE MARZO INICIAMOS LA VIGILIA INDIGENA NACIONAL

FRENAPI en coordinación con los/as Delegados/as del Proyecto de Ley, acordamos  realizar una VIGILIA NACIONAL INDIGENA permanente, iniciando en la Casa Presidencial, el 04 de Marzo del presente año y se mantiene actualmente en el Bulevar de la AsambleaLegislativa. SON YA OCHO MESES DE VIGILIA.

Se han recogido más de 20.000 firmas de apoyo para la Aprobacióndel Proyecto de Ley de Autonomía (14.352), realizamos manifestaciones públicas no violentas en Rey Curre, Buenos Aires, Sur-Sur y San José, hemos hecho más de 60 programas de Radio y Televisión, organizado Foros con Diputados /as, participado en reuniones con los movimientos sociales, hemos visitado Universidades, Iglesias, Ministros, Diputados, pero el Presidente Arias y los Diputados de la Asamblea Legislativa no nos ven y no nos oyen.

Interpusimos un Recurso de Amparo, contra la Asamblea Legislativa, por la no aprobación del proyecto de ley Nº 14.352; sin embargo los Magistrados lo declararon “Sin Lugar”; entonces tendremos que ir a las Instancias internacionales a demandar al Estado costarricense, a buscar justicia que no encontramos en nuestro país, siendo nosotros /as los /as originarios de esta Madre Tierra. Actualmente el Proyecto sigue en la lista del Primer Debate, con ambiente incierto. 

Nos preparamos, junto con otras organizaciones sociales, para nuevas Acciones Directas, para los próximos días, iniciando el 10 de noviembre del 2009, con el fin de que se apruebe el Proyecto de Ley de Autonomía, en el poco tiempo que queda de las sesiones de esta Asamblea Legislativa, ya involucrada en el proceso electoral, con todo lo que esto conlleva.

FRENAPI, hace público nuestro agradecimiento a todas las personas, organizaciones sociales, universidades, iglesias y medios de comunicación la ayuda y apoyo que les han brindado al movimiento indígena nacional, por los derechos de los pueblos indígenas.

A  los/as  hermanos/as  de losdiversos Pueblos Indígenas, que no desmayen,  la sombra de nuestros antepasados reclaman justicia y paz; Sibü (Sbö – Ngobö – Sibö – Dios) nos guía y nos fortalece día a día en la lucha.

POR AUTONOMÍA – TIERRA /TERRITORIO Y CULTURA

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS

                                                           frenapi@yahoo.com.mx

                                   Telf. # 2223 – 4472 – Oficina Sede en SERPAJ – CR                      

I Parte.

Costitución Política.

Ley más importante y fundamental de un estado o país. Un convenio tiene un rango superior a la ley nacional ( art. 7 de la Costituciòn Política )

Convenio Internacional o Tratados. Ley aprobada por varios estados o países que se obligan o comprometen en su cumplimiento.

Respetar y cuidar el

Ambiente, es de un ser inteligente

II Parte.

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales:

Aprobado en Costa Rica en 1991, el cual es obligatorio su cumplimiento por el estado costarricense.

III Parte.

Algunos derechos importantes del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Art. 6. Derecho a la consulta hacia los pueblos indígenas , mediante mecanismos o procedimientos propios de los pueblos indígenas y a traves de instituciones representativas de los pueblos indígenas.

Art. 7. Derecho a decidir sus prioridades y su proyecto de desarrollo.

Art.12. Derecho a la protección de sus derechos indígenas. El estado se debe de comprometer a proteger sus derechos

Art.13,14 y 19. El derecho a la tierra como representación del valor material, espiritual y cultural, incluyendo los lugares aledaños que utilizan.

Recuperación y devolución de las tierras como tarea primordial del estado. Reconocerles el derecho de propiedad , posesión y su modo de transmisión.

Art. 15 Respeto por el derecho de los recursos naturales ( petróleo, materiales del subsuelo, minerales, ecoturismo, agua. Etc.)

El pueblo indígena tiene el derecho a que se le sea consultado sobre cualquier proyecto de inversión, como por ejemplo: represas hidroeléctricas, minería, ecoturismo, carreteras, etc.

Art. 16. Derecho al respeto del consentimiento de los pueblos indígenas cuando se deban de transladar por razones muy importantes, (ejemplo: inundaciones, proyectos vitales de desarrollo nacional), y la reubicación en lugares de iguales condiciones o mejores e indemnizarlos debidamente.

Art. 25,26. Derecho a salud y educación nacional, respetando sus propios procesos y tradiciones culturales en estos campos.

—

Proyecto de Ley N 14352 “ Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas”.

En la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto de ley que aplica en Costa Rica el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, por lo que es necesario unirse para apoyar la campaña por la aprobación de la ley a favor de los Pueblos Indígenas.

El SERPAJ-COSTA RICA junto a otras organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, campesinas, etc. son miembros del Foro Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica y en unión se trabaja con esta campaña nacional.

Nota: Existe en C.R. la ley indígena y otros decretos sobre los pueblos indígenas. El Convenio 169 sobre Rica )

—

Pueblos Indígenas y Tribales está vigente en Costa Rica, y es obligatorio para el estado costarricense cumplir este tratado.

Cooperación de SERPAJ-CR

( Servicio de Paz y Justicia-Costa Rica)

Teléfono: 2234472

Fax: 2233044

E-mail: serpaj@racsa.co.cr

El día de hoy, los Pueblos Indígenas de Costa Rica, reiniciamos la lucha por nuestros derechos.
Esta lucha pasa en este momento por la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas 14352, que se encuentra para ser votado en Primer Debate del Plenario Legislativo.
Siendo este el Período de Sesiones Extraordinarias del Congreso, corresponde únicamente al Presidente Arias enviar los Proyectos de Ley a conocimiento Legislativo, por esta razón estamos el miércoles 4 y jueves 5 de marzo frente a la Casa Presidencial, solicitando al señor Arias envíe el Proyecto de Ley 14352, citado, para que los Diputados y Diputadas puedan aprobarlo lo más pronto posible.
Este Proyecto de Ley es el que instrumentaliza la aplicación del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado Costarricense desde 1992, pero que no se aplica por falta de esta Ley interna nacional.
Desde hace 15 años, los 8 Pueblos Indígenas de Costa Rica, presentamos el Proyecto de Ley, con el fin de hacer valer nuestros derechos humanos, consagrados y establecidos en ese Convenio 169. Han pasado tres administraciones (Figueres – Rodríguez y Pacheco) y sus respectivas legislaturas, vamos con esta Administración Arias y los Diputados y Diputadas actuales y aún no se aprueba la Ley.
Dejando nuestras Comunidades, con gran sacrificio y enfrentando las dificultades que para nosotros representa la vida en la Ciudad, decidimos permanecer en San José, hasta que sea votado el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo.
Tenemos esperanza en que obtendremos justicia a nuestro pedido, que es una obligación del Estado para con nuestros Pueblos.
Nos mantenemos frente a la Casa Presidencial y haremos recorridos por la Capital y visitando Instituciones, organizaciones y medios de Comunicación, para poner en evidencia la lucha y para denunciar el incumplimiento del Estado para con nosotros y nuestros derechos.

El año pasado en un tiempo récord se aprobaron y reformaron más de 10 Leyes e igual número de Reglamentos, que permiten aplicar TLC, y nosotros tenemos 15 años sin que se nos apruebe la Ley de Desarrollo Autónomo, por eso reclamamos justicia y respeto para la dignidad de nuestros Pueblos, habitantes originarios de esta Tierra costarricense.
Por Autonomía, Tierra y Cultura, exigimos la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, # 14.352 para que se cumpla con el Convenio 169 de la OIT.
Por Consejo Coordinador Indígena – CCI:
Sergio Rojas Ortiz, Bribri, de Salitre de Buenos Aires.
San José 04 de marzo del 2009.

Para más información
Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) – Oficinas del SERPAJ Costa Rica,
TEL. #. 2223 – 44 72 ó a frenapi@yahoo.com ó serpaj@racsa.co.cr .

CONVENIO OIT Nro. 169
SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES
EN PAISES INDEPENDIENTES
1989

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congrega en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957;

Recordando las términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;

Considerando que la evolución de derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:

Parte I. Política general

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica:

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

d) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones de esos pueblos;

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser consideradas como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 8

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 11

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Parte II. Tierras

Artículo 13

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16

1. A reserva de los dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causa que motivaron sus traslado y reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan como consecuencia de su desplazamiento.

Artículo 17

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierras entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Artículo 18

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Artículo 19

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

Parte III. Contratación y condiciones de empleo

Arículo 20

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:

a) acceso al empleo, incluidos los empleo calificados y las medidas de promoción y de ascenso;

b) remuneración igual por trabajo de igual valor;

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos y derechos a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:

a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección de trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

Parte IV. Formación profesional, artesanía e industrias rurales

Artículo 21

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Artículo 22

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a sus disposición programas y medios especiales de formación.

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

Parte V. Seguridad social y salud

Artículo 24

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, mantenimiento al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Parte VI. Educación y medios de comunicación

Artículo 26

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 27

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Artículo 28

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las menguas oficiales del país.

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

Artículo 29

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.

Artículo 30

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe el trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Artículo 31

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

Parte VII. Contactos y cooperación a través de las fronteras

Artículo 32

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural y del medio ambiente.

Parte VIII. Administración

Artículo 33

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.

2. Tales programas deberán incluir:

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;

b) la proposición de medidas legislativas y de otras índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.

Parte IX. Disposiciones generales

Artículo 34

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad , teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.

Artículo 35

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

Parte X. Disposiciones finales

Artículo 36

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957.

Artículo 37

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 38

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado al Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 39

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 40

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 41

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 42

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 44

Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son igualmente auténticas.

* * *

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ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS /AS INDÍGENAS – ANDI –

CONSEJO COORDINADOR INDIGENA – CCI -

COMUNICADO # 3

Vigilia Indígena frente a Casa Presidencial

Por la Aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas

Primera Semana 3 al 8 de marzo

El 3 de marzo en horas de la noche llegamos a San José, luego de un largo viaje, Delegados y representantes de diversos Pueblos Indígenas del país.

El 4 de marzo nos apostamos frente a la Casa Presidencial. A través del guarda de seguridad, solicitamos que nos atendiera el Sr. Presidente de la República o el Ministro de la Presidencia; ninguno de los hermanos Arias se ha dignado en atendernos. Además solicitamos el apoyo de la Fracción de Diputados del PLN ( de Gobierno ), a través del Diputado Alexander Mora.

El 5 de marzo en horas de la tarde, luego de estar preguntando, se nos dio audiencia para ser atendidos por un Asesor del Viceministro de la Presidenta, don Alonso Luna. Que nunca hizo, se envió al Asesor a que contestara por escrito, que el Gobierno no enviaría el Proyecto por entorpecer el trabajo del Plenario de la Asamblea Legislativa.

El 6 de marzo un grupo de compañeros en horas de la tarde se trasladó a sus casas en sus comunidades, para organizar el movimiento, otros quedan en San José.

El 7 de marzo el grupo de San José, visitó la Feria del Agricultor y el 8 de marzo el Paseo Colón, recogiendo miles de firmas de apoyo a nuestra Lucha.

En todas estas acciones, hemos contado con el acompañamiento y la colaboración de personas y organizaciones sociales y eclesiales.

Segunda semana

El 9 de marzo evaluamos y nos replanteamos estrategias. Seguimos nuestra Vigilia Indígena en la acera de la Casa Presidencial, insistiendo ser atendidos por el Presidente, ó su hermano el Ministro de la Presidencia.

Se asiste a los programa de Radio Centro y de Zeta Punto Radio.

El 10 de marzo nos mantenemos frente a Casa Presidencial y a eso de la 1 p.m. nos comunica el Señor Alonso Luna asesor del Viceministro que las altas esferas le informaron “de no enviar el Proyecto por no ser de interés del Gobierno, porque afectaría la agenda de la Asamblea Legislativa”. Se atiende a la Extra, Radio U y Canal 42. Se nos proponen grabar otras entrevistas en otros medios de comunicación.

Conclusiones

1- Excepto el sábado y Domingo se ha mantenido un grupo de 10 indígenas hasta el momento en la acera de la Casa Presidencial, con el acompañamiento de estudiantes y miembros de organizaciones solidarias.

2- La sensibilidad social de los hermanos Arias no existe, pues no se han dignado a destinar unos minutos de su tiempo para atender personalmente nuestra delegación indígena, menos por escuchar nuestra petición, más bien reafirman frase que por 15 años nos han dado los gobiernos anteriores “vamos a analizar si es viable enviar el Proyecto”, que sabemos es para salir del paso y seguirse burlando de los Pueblos Indígenas y de las mismas leyes firmadas por el Estado / Gobierno.

3- A pesar que la fracción legislativa del PAC, y el Diputado Alexander Mora y el Obispo Ángel San Casimiro Fernández y miles de firmas solicitan formalmente a los hermanos Arias enviar el Proyecto, éstos no responden, de seguro no han leído estas peticiones.

El Consejo Coordinador Indígena nacional, ACUERDA:

a- Recordarle al Premio Nóbel de la Paz, su compromiso de luchar por la paz social y la justicia, que su conducta mostrada hasta el momento quebranta todo lo anterior.

b- Reiterarle nuestra solicitud de enviar el Proyecto de Ley 14.352 a discusión en la Asamblea Legislativa.

c- Reafirmamos nuestra presencia indefinida en la Casa Presidencial y organizar otras acciones para que nuestros derechos sean protegidos legalmente por el Estado.

d- A las organizaciones amigas y al pueblo en general solicitarle su apoyo en: enviando notas pidiendo al Presidente que envíe el Proyecto de Ley 14.352 a la Asamblea Legislativa; apoyo económico el que pueden depositar a la cuenta del —– o personalmente para sobrevivir y reivindicar nuestros derechos.

Muchas gracias por su solidaridad

Para más información, teléfono del FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas) CR # 2223 – 44 – 72, Este

Con muestras de agradecimiento por la atención a la presente nos despedimos, por el Consejo Coordinador Indígena (CCI) de la Asamblea Nacional de Delegados/as (ANDI):

Sergio Rojas Ortiz, Bribri, Delegado de Salitre.

Oldemar Pérez Hernández, Huetar, Delegado de Quitirrisí.

Gerardo Rodríguez Campos, Ngöbegue, Delegado de Alto San Antonio

Gerardo Villanueva Reyes, Cabécar, Delegado de Talamanca.

Marconi Lacayo Elizondo, Maleku, Delegado Palenque Margarita, Guatuso.

c.c. Archivo.

ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS /AS INDÍGENAS ( ANDI).

A LA OPINION PUBLICA

El día de hoy, los Pueblos Indígenas de Costa Rica, reiniciamos la lucha por nuestros derechos.

Esta lucha pasa en este momento por la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas 14352, que se encuentra para ser votado en Primer Debate del Plenario Legislativo.

Siendo este el Período de Sesiones Extraordinarias del Congreso, corresponde únicamente al Presidente Arias enviar los Proyectos de Ley a conocimiento Legislativo, por esta razón estamos hoy frente a la Casa Presidencial, exigiendo al señor Arias envíe el Proyecto de Ley 14352, citado, para que los Diputados y Diputadas puedan aprobarlo lo más pronto posible.

Este Proyecto de Ley es el que instrumentaliza la aplicación del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado Costarricense desde 1992, pero que no se aplica por falta de esta Ley interna nacional.

Desde hace 15 años, los 8 Pueblos Indígenas de Costa Rica, presentamos el Proyecto de Ley, con el fin de hacer valer nuestros derechos humanos, consagrados y establecidos en ese Convenio 169. Han pasado tres administraciones (Figueres – Rodríguez y Pacheco) y sus respectivas legislaturas, vamos con esta Administración Arias y los Diputados – as actuales no se aprueba la Ley.

Dejando nuestras Comunidades, con gran sacrificio y enfrentando las dificultades que para nosotros representa la vida en la Ciudad, decidimos permanecer en San José, hasta que sea votado el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo.

Pedimos a los y las habitantes de Costa Rica, a las organizaciones y grupos sociales, comunidades e Iglesias, comprensión ante nuestra situación y apoyo para mantenernos en la lucha, pues no contamos aquí con lo básico para subsistir: alimentos, abrigo, transporte y otros servicios,

Tenemos esperanza en que obtendremos justicia a nuestro pedido, que es una obligación del Estado para con nuestros Pueblos.

Nos mantenemos frente a la Casa Presidencial y haremos recorridos por la Capital y visitando Instituciones, organizaciones y medios de Comunicación, para poner en evidencia la lucha y para denunciar el incumplimiento del Estado para con nosotros y nuestros derechos.

El año pasado en un tiempo récord se aprobaron y reformaron más de 10 Leyes e igual número de Reglamentos, que permiten aplicar TLC, y nosotros tenemos 15 años sin que se nos apruebe la Ley de Desarrollo Autónomo, por eso reclamamos justicia y respeto para la dignidad de nuestros Pueblos, habitantes originarios de esta Tierra costarricense.

Agradecemos que su colaboración concreta puedan hacerla llegar a través del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) – Oficinas del SERPAJ Costa Rica, TEL. #. 2223 – 44 72 ó a frenapi@yahoo.com ó serpaj@racsa.co.cr . Comprometidos a rendir Informe público de estos aportes.

Por Autonomía, Tierra y Cultura, exigimos la aprobación del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, # 14.352 para que se cumpla con el Convenio 169 de la OIT.

Por Consejo Coordinador Indígena – CCI:

Sergio Rojas Ortiz, Bribri, de Salitre de Buenos Aires.

San José 04 de marzo del 2009.

CONSEJO COORDINADOR INDIGENA – CCI

ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS /AS INDÍGENAS – ANDI –

Consejo Coordinador de Delegados/as Indígenas.

Proyecto # 14352 – Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.

Miércoles 06 de mayo 2009

Señor Diputado

Partido

Estimado Señor:

Por este medio los/as Delegados/as y líderes indígenas de los territorios indígenas del país le solicitamos una vez más, APOYAR dentro de sus Proyectos prioritarios, tanto dentro de su Fracción como en las Comisiones y en el Plenario, el Proyecto de Ley #14.352 “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, como prioridad a fin de que sea debatido y votado favorablemente lo más pronto. Para nosotros los Pueblos Indígenas esta Ley significa el plan de Vida o “plan escudo”, que nos garantizará nuestra continuidad ancestral como pueblos originarios de esta tierra.

Son más de 15 años que el Estado Costarricense ha dejado de cumplir con los compromisos adquiridos internacionalmente, al no permitir que el Convenio 169 de la OIT se aplique en Costa Rica por falta de esta Ley. Creemos que no merecemos tanta discriminación y es tiempo que se cumpla con nuestros derechos, aprobando la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.

Este 04 de mayo cumplimos dos meses de Vigilia Indígena Nacional, primero frente a Casa Presidencial, ahora frente a la Asamblea Legislativa. No contamos con recursos para nuestro sostenimiento (alimentos y transporte), con el aporte y la solidaridad de Iglesias, organizaciones sociales y personas, hemos podido mantenernos. Agradecemos además toda colaboración que puedan brindarnos, usted y sus compañeros /as de trabajo. Seguiremos movilizándonos, esperando y vigilando, por nuestros derechos humanos.

Esperamos respuesta por escrito o cita muy pronto, para dialogar sobre el tema al fax #2223 – 3044 del SERPAJ – Costa Rica, y /ó al correo electrónico serpaj@racsa.co.cr

Muy atentamente, por Consejo Coordinador Indígena – CCI:

Sergio Rojas Ortiz

Delegado Territorio de Salitre ( Bribri ), Buenos Aires.

ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS/AS INDIGENAS (ANDI)

Consejo Coordinador Indígena – CCI

San José, Miércoles 04 de Marzo 2009

Señor

Oscar Arias Sánchez

Presidente de la República de Costa Rica

S.D.

Estimado Señor Presidente:

Por este medio, le saludamos y acudimos de nuevo en busca de Su respuesta a nuestra solicitud hecha el pasado 11 de febrero del 2009, para que envíe a la Asamblea Legislativa, en el presente período de Sesiones Extraordinarias, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas – Expediente Legislativo # 14.352.

En múltiples ocasiones, de manera personal y por escrito, hemos solicitado su apoyo para la aprobación de dicho Proyecto de Ley, basados en el compromiso de su Gobierno de apoyar esta iniciativa a favor de los Pueblos Indígenas y como obligación del Estado de cumplir con el Convenio 169 de la OIT debidamente ratificado.

Como Usted bien conoce, esta Ley es necesaria para la protección y defensa de los Derechos Humanos de nuestros Pueblos y, es el instrumento que hace aplicable a lo interno - nacional – el Convenio Internacional de la OIT ya citado.

A partir de ahora, Señor Presidente, dejado nuestras Comunidades y familias y con gran sacrificio, permaneceremos en San José, desarrollando distintas acciones, por su respuesta y la del Poder Legislativo; además estaremos visitando y buscando apoyo solidario de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales a favor de nuestra causa.

Nuestra Asamblea Nacional de Delegados /as Indígenas – ANDI – , acordó acudir a la Opinión Pública, a través de todos los medios de comunicación social, para evidenciar esta situación por el atropello a nuestros derechos indígenas.

Con muestras de agradecimiento por la atención a la presente nos despedimos, por el Consejo Coordinador Indígena (CCI) de la ANDI:

Sergio Rojas Ortiz, Bribri, Delegado de Salitre.

Oldemar Pérez Hernández, Huetar, Delegado de Quitirrisí.

Jacinto Fernández Villanueva, Cabécar, Delegado de China Quichá.

Tomás Montezuma Ruiz, Ngöbe, Delegado de Abrojo Montezuma.

CC. Archivo.